Un informe revela la sistemática expropiación de viviendas y empresas ucranianas por parte de Rusia, facilitando el reasentamiento de ciudadanos rusos y consolidando el control del Kremlin.
Informe analítico – diciembre – 2024
Confiscation of property in the occupied territory of Ukraine – Analytical report 2024
Desde 2014, pero con una drástica intensificación tras la invasión de 2022, Rusia ha orquestado una masiva confiscación de propiedades en los territorios ucranianos bajo su ocupación. La operación, denunciada por expertos como una violación del derecho internacional, busca desplazar a la población ucraniana y consolidar el dominio ruso sobre la región.
El modus operandi del Kremlin se basa en la creación de un andamiaje legal que permite declarar “abandonadas” las propiedades de aquellos ucranianos que han huido del conflicto. Impago de servicios, falta de registro bajo la legislación rusa o simple ausencia prolongada se convierten en excusas para la expropiación.
“Es un sistema desarrollado por el régimen dictatorial del Kremlin, que tiene como objetivo destruir los lazos materiales de los residentes de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania”, sentencia el informe.
Las propiedades confiscadas no solo incluyen viviendas particulares. Rusia también se apropia de empresas, terrenos agrícolas e infraestructura clave, redistribuyéndolas entre funcionarios, militares y ciudadanos rusos. Se ofrecen incentivos como hipotecas preferenciales y altos salarios para alentar el reasentamiento.
Esta política tiene un efecto devastador sobre la población ucraniana, que pierde no solo sus bienes, sino también su identidad y la posibilidad de regresar a sus hogares. Además, facilita la “rusificación” de los territorios ocupados, con la imposición del idioma, la cultura y la narrativa histórica rusa.
La comunidad internacional ha condenado estas acciones, calificándolas de crímenes de guerra y violaciones de la Convención de Ginebra. Sin embargo, la confiscación continúa, y se prevé una nueva ola de expropiaciones en 2025.
El informe urge a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes para proteger los derechos de los ciudadanos ucranianos y llevar a los responsables ante la justicia.
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